El próximo 1 de junio, México celebrará una elección judicial sin precedentes en el mundo: más de 100 millones de personas podrán votar para renovar parte del Poder Judicial, que incluyendo a los 9 ministros de la Suprema Corte, magistrados regionales y jueces de distrito. La elección, promovida por el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), fue posible tras la victoria legislativa de la coalición gobernante en 2024. La presidente Claudia Sheinbaum ha defendido la medida como un mecanismo para entregar el control del sistema judicial a la ciudadanía, que retomó una propuesta impulsada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.
Los defensores de esta reforma afirman que el nuevo modelo abre al escrutinio público las decisiones judiciales y permite a los votantes retirar del cargo a funcionarios que no cumplan adecuadamente su labor. Héctor Alejandro Quintanar, analista político, considera que el proceso trasciende a la 4T ya que “es la idea de que ahora vivamos en una etapa de México más politizada, donde el voto ciudadano toma otra dimensión y otro papel”. A su vez, Viri Ríos, analista especializada en políticas públicas, plantea que la votación del domingo marcará una nueva etapa para el oficialismo. “Se va a atribuir el desempeño judicial a la coalición gobernante. Porque ellos crearon esta fórmula”. comentó.
En México se espera la votación entre el 8% al 15% de participación
La votación incluirá a dos magistrados del Tribunal Electoral, quince magistrados regionales, 386 jueces de distrito, 464 magistrados de circuito y cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. También se renovarán 1.700 jueces locales en 19 estados. Sin embargo, conocer los perfiles de todos los candidatos ha sido difícil, dadas las restricciones de campaña. El Instituto Nacional Electoral (INE) estima que cada votante podría demorar hasta nueve minutos en completar las papeletas. Aunque el voto no es obligatorio, la participación proyectada se sitúa entre el 8% y el 15%.
Las críticas no se han hecho esperar. La oposición, junto con jueces y magistrados en funciones, ha advertido que la reforma pone en riesgo la independencia judicial. Javier Laynez, ministro de la Suprema Corte, declaró que “hay un riesgo de cooptación de la justicia federal y local”. Desde su punto de vista, el proceso no garantiza una elección libre ni confiable. Además, la organización “Defensorxs” alertó sobre 19 candidatos de “alto riesgo” por presuntos vínculos con el crimen organizado o acusaciones de corrupción y violencia.
Las claves de la reforma
Según la BBC, la reforma fue central en las elecciones generales de 2024, defendida por Morena, PT y PVEM frente a una férrea oposición que denunció un intento por controlar el Poder Judicial. La selección de candidatos, según denunciaron, quedó en manos del Congreso, lo que dio al oficialismo la posibilidad de vetar o aprobar postulaciones provenientes de los tres poderes. También advirtieron sobre el efecto negativo en la percepción internacional de México por el debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Sheinbaum ha reiterado que los cambios buscan que el Poder Judicial responda al pueblo y no a las élites. “Quienes resulten elegidos por el pueblo, van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia”, sostuvo. Para Viri Ríos, los resultados de esta reforma podrían volverse en contra de quienes la promovieron: “¿Va a haber narcotraficantes que sean jueces? Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual: ¿hay presidentes municipales que le responden al narco en México? Claro que sí, hay cero dudas”. Quintanar, en tanto, sostiene que aunque la elección sea perfectible, representa una oportunidad para democratizar el escrutinio ciudadano sobre uno de los poderes menos accesibles hasta ahora.
