El intendente de Campo Grande, Carlos Sartori, cuestionó la metodología aplicada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para las certificaciones y reclamó que se retome el esquema de auditorías con médicos de hospitales públicos, como se implementó en 2018. Además, advirtió sobre el elevado número de personas con discapacidad en la costa del Río Uruguay, producto de la exposición a agrotóxicos usados en plantaciones de tabaco.
En una visita al municipio de 25 de Mayo, el intendente Carlos Sartori observó largas filas de vecinos que aguardaban ser atendidos por la convocatoria nacional para renovar certificados de discapacidad, condición indispensable para el cobro de pensiones no contributivas.
Sartori advirtió que la metodología adoptada por ANDIS genera preocupación: “Llama la atención este mecanismo, porque en 2018 se utilizó otra modalidad, con la participación de médicos de hospitales públicos, profesionales de gran prestigio nacional e internacional. Esa práctica garantizaba mayor rigor técnico y confianza en los dictámenes”, señaló el jefe comunal.
La discusión se da en un contexto de tensiones entre la Nación y la provincia de Misiones, que recientemente presentó un amparo judicial a través de la Fiscalía de Estado para garantizar el pago retroactivo de pensiones suspendidas o demoradas.
El factor ambiental: agrotóxicos y discapacidad en Misiones
Sartori remarcó que el Alto Uruguay y la zona centro de Misiones presentan una incidencia superior de casos de discapacidad vinculados a la exposición prolongada a productos químicos en el sector tabacalero.
Recordó los antecedentes denunciados por el médico Gómez de Maio, quien en su momento alertó sobre las secuelas provocadas por el uso de dimetoato de metilo, un insecticida empleado para controlar brotes en plantaciones de tabaco: “Se trataba de una sustancia muy fuerte, que generó secuelas importantes. Estos químicos —como el dimetoato, el Gamexane o el Perfekthion, o el Clap— explican por qué nuestra región registra mayores índices de discapacidad”, explicó Sartori.
Según el intendente, esta problemática obliga a que las auditorías médicas se realicen con rigor profesional, garantizando diagnósticos adecuados y evitando prácticas burocráticas que pongan en riesgo el acceso a derechos básicos.
El amparo de Misiones “es un acierto”
El intendente valoró la decisión del Gobierno de Misiones de presentar un recurso judicial en defensa de los beneficiarios afectados: “Es un acierto enorme que la provincia defienda a cada ciudadano misionero que percibe una pensión. El amparo judicial debe garantizar que se pague en tiempo y forma, con retroactividad incluida, a quienes tienen este derecho adquirido”, destacó Sartori.
La situación también plantea interrogantes en torno a la política sanitaria y ambiental, ya que el señalamiento sobre los efectos de los agrotóxicos vuelve a poner en agenda la necesidad de regulaciones más estrictas y programas de prevención en las zonas productivas.
En adelante, el desafío será compatibilizar la política nacional de auditorías con la realidad epidemiológica y social de provincias como Misiones, donde la exposición a agroquímicos configura un factor diferencial.
La propuesta de Sartori apunta a retomar el modelo de certificación médica del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a cargo de profesionales hospitalarios, con respaldo científico y estudios complementarios.
De prosperar la estrategia judicial impulsada por la provincia, podría obligar a la Nación a rever no solo los pagos retroactivos sino también los criterios de evaluación para garantizar equidad territorial en el otorgamiento de beneficios sociales.
