El Gobierno aún no promulgó la ley de emergencia en Discapacidad que el Congreso ratificó después del veto de Javier Milei. El Senado comunicó el último lunes a la Casa Rosada la insistencia con el proyecto, pero el Poder Ejecutivo no publicó la norma en el Boletín Oficial. Expertos explicaron que la ley ya entró en vigencia porque obtuvo más de dos tercios en ambas Cámaras.
El Presidente había adelantado que estaba dispuesto a judicializar la norma en caso de que el Parlamento insistiera con el proyecto. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que lo más probable es que se desista de esa vía y que el Ejecutivo concentre sus esfuerzos en la reglamentación.
Un funcionario que participó de las reuniones de gabinete explicó que la intención es reglamentar “solo lo que se pueda aplicar en términos presupuestarios”. El artículo 19° de la ley establece que la reglamentación debería realizarse dentro de los treinta días de su sanción. El Senado insistió con el proyecto el 4 de septiembre, lo que fijó un plazo para la Casa Rosada.
Para poner en marcha la ley, el Gobierno debería definir una compensación presupuestaria desde la Jefatura de Gabinete para reforzar a la Agencia de Discapacidad (Andis). Además, ese organismo, dependiente del Ministerio de Salud, debería implementar un nuevo nomenclador para actualizar las prestaciones del sistema.
Los puntos críticos de la ley
En los análisis internos, el Poder Ejecutivo encendió las alarmas por los artículos que obligan a otorgar pensiones no contributivas a todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Actualmente existen más de 1.900.000 personas con CUD, aunque solo 1.200.000 perciben una pensión por invalidez. Esa prestación equivale al 70% de una jubilación mínima más un bono de $70.000.
El artículo 6° establece que podrán ser titulares de la pensión todas las personas que acrediten su discapacidad mediante el CUD. La ley también prevé pensiones por invalidez para quienes tengan setenta o más años y carezcan de recursos propios o cobertura previsional. Estos artículos son los que más preocupan al Gobierno por el impacto fiscal.
La gestión de Milei, en cambio, se mostró más dispuesta a actualizar los aranceles que perciben los prestadores del sistema, como terapistas, transportistas y asistentes. Esos montos permanecen congelados desde diciembre de 2024.
El impacto de los aranceles
La ley sancionada obliga al Ejecutivo a otorgar una compensación de emergencia a los prestadores. El cálculo debe realizarse tomando como base los aranceles vigentes en diciembre de 2023 y actualizarlos por inflación hasta el presente, descontando los aumentos otorgados el año pasado.
Además, la norma establece que, en adelante, los aranceles del sistema se actualicen mensualmente conforme al Índice de Precios al Consumidor del Indec. Para el oficialismo, esta exigencia implica un esfuerzo fiscal considerable en un contexto de ajuste.
Un debate atravesado por la auditoría de Spagnuolo
Cuando el Congreso debatía la insistencia, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó en redes sociales: “El Gobierno está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Nuestra decisión es priorizar la atención, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo. La medida se podría ejecutar gracias a los ahorros a partir de auditar las pensiones por invalidez mal otorgadas y terminar con curros”.
El problema surge de la gestión de Diego Spagnuolo en la Agencia de Discapacidad. Su administración dio de baja 25.000 pensiones por invalidez y suspendió alrededor de 100.000 más. Esa auditoría, sin embargo, mostró fallas graves. En muchos casos, las suspensiones alcanzaron a personas que necesitaban los recursos y fueron afectadas solo porque el domicilio declarado ya no estaba vigente.
Hoy existe un número importante de reclamos de personas con discapacidad que exigen la restitución de las pensiones. Esta situación suma tensión al oficialismo, que enfrenta presiones sociales, judiciales y políticas mientras define cómo aplicar la ley ratificada por el Congreso.
En este escenario, la Casa Rosada deberá resolver entre acatar plenamente la norma o limitar su alcance mediante la reglamentación. La decisión tendrá impacto directo en miles de personas con discapacidad y en el equilibrio fiscal que defiende el Presidente.
