El reciente decreto 340, firmado por el presidente Javier Milei y sus ministros, encendió una nueva alarma en el mundo sindical por las limitaciones al derecho a huelga. La norma impone límites al ejercicio en actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental. Aunque el Gobierno sostiene que busca garantizar el interés general, la Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que la medida “cercena un derecho constitucional”. La central obrera anticipó que recurrirá a la Justicia, y no descartó medidas de fuerza.
El jueves, un día después de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete Guillermo Francos recibió en la Casa Rosada a Héctor Daer, co-secretario de la CGT y dirigente del sindicato de Sanidad. Aunque el eje formal del encuentro fue un conflicto puntual en el Hospital Naval, la polémica en torno al decreto sobrevoló la reunión. Daer intentó desviar el foco: “Vine a hablar de otra cosa”, aseguró al salir del encuentro. Sin embargo, al ser consultado por la prensa, expresó un firme rechazo a la nueva reglamentación oficial.
Antecedentes a las limitaciones al derecho a huelga
“Están reiterando lo mismo que estaba establecido en el Decreto DNU 70/23, donde se pretendía, no reglamentar, sino cercenar el derecho de huelga para muchas actividades”, sostuvo Daer. El dirigente se mostró confiado en que la Justicia vuelva a fallar en contra del decreto, como ocurrió con el capítulo laboral del DNU 70. “Estamos seguros de que se va a sostener lo que ya predijo la Justicia en primera y segunda instancia”, afirmó.
La CGT anunció que ya estudia una presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad del nuevo decreto. Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN y secretario adjunto de la central obrera, fue categórico. “La CGT está estudiando legalmente la presentación en la Justicia de este tema para que también sea declarado inconstitucional”, declaró. El objetivo es replicar la estrategia utilizada contra el DNU 70, cuyo capítulo laboral fue suspendido por la Cámara del Trabajo.
En un duro comunicado, la CGT denunció que el Gobierno “intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”. Además, criticó el argumento oficial de declarar servicio esencial a la actividad de la Marina Mercante Nacional, al que calificó de “pretexto”. La central advirtió que no permanecerá en silencio y que dará “todas las batallas que tenga que dar”, ya sea en los tribunales, en la calle o en los lugares de trabajo.
Respaldo desde el ámbito jurídico y empresarial
El nuevo decreto, sin embargo, cuenta con respaldo en sectores del ámbito jurídico y empresarial. Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la UIA y abogado laboralista, defendió la legalidad de la medida. “Estoy a favor de la juridicidad del decreto porque no establece una prohibición del derecho de huelga, sino una forma de ejercitar los límites y alcances a los efectos de no afectar el interés general”, explicó.
Funes de Rioja recordó que el DNU 70, pese a haber sido suspendido parcialmente, no fue anulado por la Corte ni derogado por el Congreso. Además, destacó que el decreto 340 está alineado con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con la legislación internacional. Según su análisis, la normativa actual amplía la definición de servicios esenciales de forma más acorde con las necesidades del país.
En la misma línea, el abogado Pablo Torres Barthe, representante del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), apoyó la iniciativa gubernamental. “El derecho de huelga no es absoluto y requiere de alguna forma de regularlo”, afirmó. Torres Barthe recordó una causa en la que intervino, en la que la Cámara de Entre Ríos cuestionó una huelga por tiempo indeterminado, al considerar que podría afectar las fuentes de trabajo de quienes no adhirieron a la protesta.
Además, sostuvo que “el decreto seguramente va a ser impugnado por la CGT, pero esperemos que no tenga éxito y que las medidas de protesta sean razonables y adecuadas”. En su visión, la norma debería poner un freno a las huelgas generales y políticas, y fomentar el diálogo como herramienta principal de resolución de conflictos.
La extensión de los trabajos considerados esenciales
El decreto 340 establece que los gremios deben garantizar un servicio mínimo del 75% en actividades consideradas esenciales y del 50% en las que tengan “importancia trascendental”. Entre los servicios esenciales se incluyen los sanitarios, farmacéuticos, distribución de combustibles, telecomunicaciones, control aéreo, servicios portuarios y transporte marítimo y fluvial, entre otros.
Por otro lado, el decreto considera como actividades de importancia trascendental aquellas vinculadas con la producción de alimentos, servicios bancarios, educación, industria cementera, minería, correo, comercio electrónico y exportaciones. La norma también crea una Comisión de Garantías, integrada por cinco especialistas, que podrá declarar como esenciales otras actividades cuando su interrupción ponga en peligro la salud pública, la seguridad, la economía o la estabilidad social.
La respuestas de la CGT
Mientras el Gobierno insiste en que la medida, la CGT denuncia una embestida contra los derechos laborales y ya prepara su defensa. Aún no hay fecha para una nueva medida de fuerza, pero la central se reunirá en los próximos días para definir un plan de lucha. Por ahora, Daer descartó una nueva huelga general. “No hay clima”, aseguró. Sin embargo, la tensión con la Casa Rosada sigue en aumento.
