La semana próxima se realizará en Paraná, Entre Ríos, una reunión clave para comenzar a definir la posición común que llevarán las provincias argentinas a la COP30, prevista para noviembre en Belém do Pará, Brasil. El encuentro busca sentar las bases de una estrategia subnacional que, según anticipan, podría diferenciarse de la postura del Gobierno nacional.
El objetivo de este espacio, conocido como Parlamento Federal del Clima, es unificar criterios para que las jurisdicciones puedan presentarse como actores protagónicos en la agenda ambiental global. Esto dado a que las provincias quieren tener protagonismo y ser consideradas parte del Acuerdo de París, incluso más allá de la posición de Argentina.
Desfinanciación y tensión
La tensión surge en un contexto en el que la administración del presidente Javier Milei ha mostrado señales de “negacionismo” frente al cambio climático y envió al Congreso un presupuesto que destina apenas 15 mil millones de pesos —equivalentes a unos 15 millones de dólares— a la conservación de bosques.
El monto, denunciaron, es el más bajo de la historia y representa apenas 24 pesos por hectárea por mes para el cuidado del monte nativo. Muy lejos de lo establecido por la Ley de Bosques, que estipula un 3,5% del presupuesto nacional para este fin y que no llega a cumplirse ni en un 1%.
En contraste, Brasil, anfitrión de la COP30, anunció que será el primer país en aportar un fondo global de custodia de bosques, presentado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la reciente cumbre de la ONU. Mientras el país vecino busca posicionarse como referente de la protección ambiental, la Argentina aparece desarticulada y con recursos escasos para la materia.
Un Parlamento pionero
El Parlamento del Clima está conformado por legisladores provinciales de 14 distritos, entre ellos Misiones, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Mendoza y Córdoba, además de la Ciudad de Buenos Aires. En su última sesión en Córdoba, el organismo designó a Abraham Galo, titular de la Comisión de Ambiente local, como presidente por los próximos dos años.
La experiencia tiene pocos antecedentes a nivel internacional: solo en Estados Unidos, durante el rechazo del gobierno federal al Protocolo de Kioto, los gobiernos locales avanzaron en acuerdos propios. En Argentina, el modelo que impulsa el Parlamento busca blindar la permanencia en el Acuerdo de París a través de un consenso legislativo federal.
Las provincias también apuntan a negociar directamente con organismos internacionales y con los denominados “acreedores ambientales”, es decir, países y empresas que buscan compensar su impacto en el planeta. De este modo, buscan garantizarse financiamiento para fortalecer la conservación de bosques y otras acciones climáticas.
