El presidente Javier Milei firmó en las últimas horas el veto a las leyes que contemplaban un aumento en las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por el Senado a principios de julio, pero el Ejecutivo postergó su rechazo formal para retrasar su tratamiento parlamentario. La medida será publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Desde la Casa Rosada confirmaron que la estrategia oficial busca evitar el costo fiscal de ambas leyes y aseguraron que se avanzará con una ofensiva política y jurídica para evitar que entren en vigencia. En este marco, el Gobierno mantiene negociaciones con gobernadores y bloques aliados para sostener los vetos en la Cámara de Diputados.
Como parte de esa estrategia, esta semana se formalizó la incorporación de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. Además, el oficialismo apuesta a contar con el respaldo del PRO y de los bloques federales para frenar un eventual rechazo del Congreso.
Los principales interlocutores del Gobierno en estas gestiones son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En las últimas semanas, se reunieron con al menos siete gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Con algunos de ellos, como Frigerio, Cornejo y Zdero, la Casa Rosada también negocia la conformación de frentes electorales de cara a las elecciones del 26 de octubre. Con otros, se acordó competir por separado pero mantener el diálogo institucional. En todos los casos, el oficialismo ofrece cancelación de deudas provinciales y reparto de fondos discrecionales como parte de la negociación.
Además, el Ejecutivo dejó en claro que no respaldará ninguna modificación en la recaudación del impuesto a los combustibles, y solo estaría dispuesto a revisar el porcentaje destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
En cuanto a lo legal, el Gobierno considera inválida la sesión del Senado en la que se sancionaron ambas leyes. Por eso, en caso de que la Cámara de Diputados rechace el veto, avanzarán con una judicialización del tema. La estrategia jurídica está a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto a su equipo y al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
“Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar”, aseguraron desde Balcarce 50, reafirmando que no darán marcha atrás en la decisión.
