El senador nacional Carlos Arce, del bloque Movimiento por Misiones, detalló los cambios incorporados al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental tras la reunión plenaria de la Comisión de Salud, de la cual es vicepresidente. Destacó las modificaciones al equipo interdisciplinario, la participación de las familias y la incorporación de nuevos dispositivos de atención, aunque advirtió que el texto todavía presenta dos puntos pendientes.
“Desde que el Poder Ejecutivo envió el proyecto hasta el dictamen que el oficialismo presentó ante la Comisión de Salud, se incorporaron cambios positivos”, afirmó Arce. Entre ellos, destacó la exigencia de un diagnóstico médico para los trastornos de salud mental, tanto en tratamientos ambulatorios como durante una internación.
El senador explicó que el diagnóstico podrá estar a cargo preferentemente de un psiquiatra o de un médico con formación en salud mental, con la participación de otros profesionales. También señaló que el proyecto reconoce la intervención de los psicólogos en las decisiones sobre el alta de los pacientes.
Atención comunitaria y prevención
Arce resaltó la inclusión de dispositivos comunitarios y el rechazo a las prácticas manicomiales. “Quienes conocemos estas situaciones sabemos lo inhumano que puede resultar una internación en un manicomio y lo difícil que es lograr un tratamiento efectivo en esas condiciones”, sostuvo.
Además, destacó la participación de las familias durante las internaciones y los tratamientos ambulatorios. Según explicó, el proyecto contempla su intervención en decisiones vinculadas con el consentimiento cuando el paciente no se encuentra en condiciones de aceptar o rechazar una práctica, así como en el seguimiento de su tratamiento.
El legislador también señaló que la reforma incorpora a niñas, niños y adolescentes, al tiempo que amplía el abordaje para incluir el consumo problemático de sustancias, así como de otras conductas. En relación con la prevención del suicidio adolescente, advirtió que la incomunicación con la familia y el entorno puede ser un factor de riesgo y sostuvo que resulta necesario facilitar el acceso al tratamiento médico y social, junto con la identificación de señales de alerta por parte de Nación y las provincias.
Presupuesto y coordinación entre jurisdicciones
Pese a los cambios, Arce planteó dos objeciones al dictamen. La primera corresponde al financiamiento, ya que, “la creación de dispositivos comunitarios, la capacitación profesional y la incorporación de herramientas como la teleconsulta requieren recursos económicos específicos para garantizar su funcionamiento”.
“Una ley nacional necesita una partida presupuestaria propia, con control de la ejecución y seguimiento del Congreso. De ese modo podremos evaluar si los fondos cumplen los objetivos previstos”, explicó el senador. También reclamó una participación coordinada del Consejo Federal de Salud (Cofesa) y del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama), junto con las áreas provinciales de salud mental y adicciones.
Consideró que la reforma puede representar un avance, aunque advirtió que la ley por sí sola no resolverá la problemática del suicidio. “Es un problema más complejo, sin embargo contar con diagnóstico médico, tratamiento y señales de alerta constituye un paso adelante”, afirmó.
Finalmente, el senador indicó que el proyecto podría llegar al recinto del Senado la próxima semana si obtiene dictamen y sostuvo que, antes de avanzar, deben resolverse las observaciones sobre el presupuesto y la coordinación federal.
