La polémica en torno a la desiganción de los jueces de la Corte Suprema de Justicia sumó un nuevo capítulo con las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien confirmó que el Gobierno evalúa la posibilidad de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Esta medida se tomaría si el Senado no logra alcanzar los acuerdos necesarios antes de fin de año para aprobar sus pliegos.
“Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada”, expresó Francos en diálogo con Radio Mitre. Aunque aseguró que el objetivo principal sigue siendo concretar las designaciones a través del Senado, reconoció que otras alternativas están sobre la mesa.
Negociaciones y obstáculos en el Senado
El kirchnerismo dio un paso clave esta semana al aportar la novena firma necesaria para avanzar con el pliego de Ariel Lijo. Sin embargo, el de Manuel García Mansilla enfrenta mayores resistencias y apenas cuenta con seis firmas. Según trascendió, el bloque kirchnerista sugirió reemplazar a García Mansilla por la exsenadora María de los Ángeles Sacnun, cercana a Cristina Kirchner, a cambio de apoyar la designación de Lijo.
A pesar de las negociaciones, el Gobierno insiste en avanzar con ambos pliegos de manera conjunta. En caso de que el Congreso no logre votar las propuestas antes del receso legislativo, la posibilidad de nombrar a los jueces de la Corte por decreto en comisión, por un plazo de un año, se mantiene firme.
El futuro de la Corte Suprema
Con solo cuatro integrantes actualmente, la Corte Suprema enfrenta un escenario de posible reducción en su número de miembros, lo que preocupa al Gobierno y alimenta el debate político. La propuesta de designar a nuevos jueces de la Corte ha generado tensiones, especialmente en un contexto donde los consensos legislativos son difíciles de alcanzar.
“Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más. Ojalá pudiéramos resolverlo en el Senado, pero también debemos garantizar una Corte integrada y operativa”, explicó Francos, dejando en claro que el Gobierno considera prioritaria esta cuestión.
La controversia se suma a un panorama judicial tenso, marcado por fallos recientes que han impactado en la agenda política. Mientras tanto, el Ejecutivo busca definir una estrategia que permita superar los obstáculos legislativos y garantizar el pleno funcionamiento del máximo tribunal del país.
Jueces de la Corte: desenlace incierto
Con los tiempos legislativos ajustados y la posibilidad de nombramientos por decreto más firme que nunca, el futuro de los jueces de la Corte se perfila como un eje clave de las discusiones políticas en las próximas semanas. La decisión final, ya sea en el Senado o mediante una medida del Ejecutivo, podría redefinir la integración de la Corte Suprema y su rol en el sistema de justicia argentino.
