La asociación de Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió sobre el fuerte incremento de empresas que recurrieron a concursos preventivos durante el último año. En la Ciudad de Buenos Aires, los casos crecieron más de 130%. Ante este escenario, el presidente de la entidad, Daniel Rosato, reclamó medidas urgentes para proteger a la industria nacional y pidió al Congreso avanzar con la aprobación de una ley de emergencia económica.
Según el representante del sector, la cantidad de empresas que recurren a concursos preventivos es hoy mayor que durante la pandemia.
El aumento del 131,75% en los concursos preventivos respecto de 2023 encendió una señal de alarma en el sector, que advierte que, sin medidas concretas, la tendencia podría derivar en un mayor número de quiebras. En ese marco, Rosato volvió a reclamar la declaración de la emergencia económica a nivel nacional y recordó que el IPA ya presentó un proyecto en el Congreso ante senadores y diputados.
El titular del sector consideró que industrialmente el país retrocedió y está tercera por detrás de México y Brasil. “Queremos que el Gobierno nacional entienda que es un error pensar que en la Argentina no puede haber industria”, analizó.
Sostuvo que las políticas oficiales están enfocadas principalmente en los indicadores macroeconómicos, dejando de lado la realidad cotidiana de las empresas y los trabajadores. Según señaló, esa falta de atención a la economía real es uno de los factores que profundizan la crisis interna, que afecta a la mayor parte de la población argentina.
El impacto de la apertura de las importaciones
Rosato también señaló que la flexibilización de las importaciones representa una amenaza para la industria nacional. Desde las pymes cuestionan que el argumento de que una mayor apertura de las importaciones se traduzca automáticamente en mejores precios y un beneficio para el poder adquisitivo de los trabajadores.
Para este sector, los indicadores de la economía real muestran un escenario adverso, con cierres de empresas, despidos y una creciente pérdida de empleo formal. En ese marco, señaló que más de 327.000 trabajadores dejaron de contar con cobertura del sistema de riesgos del trabajo y recordó que desde IPA ya habían advertido sobre la posible desaparición de unas 1.200 empresas para julio de este año, una proyección que, según afirmó, se está viendo agravada por la evolución de la crisis.
Rosato cuestionó la política oficial en materia tributaria y comercial al considerar que existe una contradicción en el tratamiento que reciben los distintos sectores productivos. Según planteó, mientras las pymes continúan afrontando una elevada carga impositiva, se han otorgado beneficios a quienes comercializan productos importados, una situación que, a su entender, termina favoreciendo la generación de empleo en otros países en detrimento de la producción local.
Desde IPA señalaron que han solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con el Presidente, aunque hasta el momento no han sido recibidos. Presentaron propuestas concretas en los últimos meses, entre ellas un proyecto de emergencia económica, social, productiva, laboral y fiscal, aunque lamentan la falta de respuestas.
