La Corte Suprema de Estados Unidos concedió una prórroga a los fondos de inversión Petersen y Eton Park en el juicio por la expropiación de YPF y extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para presentar una apelación contra el fallo favorable a la Argentina. El vencimiento original estaba previsto para el 31 de agosto.
La decisión fue dispuesta por la jueza Sonia Sotomayor, quien supervisa la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. De esta manera, los demandantes dispondrán de un mes adicional para intentar llevar el caso ante el máximo tribunal estadounidense.
La extensión fue concedida a partir de un pedido de Burford Capital, firma que representa a los demandantes en el litigio. Según explicó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la solicitud de una prórroga de 30 días respondió a compromisos de agenda del abogado encargado de la defensa.
La última instancia judicial en Estados Unidos
El eventual recurso ante la Corte Suprema representa la última vía judicial disponible en Estados Unidos para intentar revertir la sentencia que benefició a la República Argentina.
El caso se originó a partir de la expropiación de YPF y derivó en una demanda contra el Estado argentino por una cifra superior a los US$ 16.000 millones.
En marzo pasado, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia dictada anteriormente por la jueza Loretta Preska, que había ordenado al Estado argentino pagar esa suma.
Posteriormente, en junio, la Justicia estadounidense rechazó un pedido de revisión presentado por los demandantes. De esta manera, quedó firme el fallo de la Cámara de Apelaciones que dejó sin efecto la condena millonaria contra el país.
Ahora, los fondos cuentan con plazo hasta el 30 de septiembre para definir si recurrirán ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
También avanzan ante el CIADI
En paralelo al proceso judicial en Estados Unidos, los fondos litigantes avanzan con una presentación ante el CIADI, el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial.
La estrategia abre así una nueva instancia en el extenso litigio derivado de la expropiación de la petrolera argentina, mientras la Justicia estadounidense mantiene vigente el fallo que evitó el pago de más de US$ 16.000 millones reclamado contra el Estado.
