La próxima semana desembarcarán nuevamente en Misiones enviados del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, para acelerar el proyecto de reordenamiento normativo. La iniciativa contempla vaciar de contenido y funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), lo que genera profunda preocupación y más aún ante el posible apoyo de directores que representan a tareferos y productores, afectando tanto a la institución como a los sectores más vulnerables de la actividad.
“Este Gobierno nacional ha conseguido, yo no sé cómo, una mayoría automática (en la Mesa del Instituto) que nos permite sentar a discutir en serio”, expresó el director por la Producción en el Inym, Roberto Ferreyra.
El “plan de Sturzenegger” contempla eliminar 21 resoluciones, quitar facultades de fiscalización y bases de datos, y reducir el poder del Directorio, profundizando las medidas de desregulación de mercado que desencadenaron la actual crisis socioeconómica de la yerba mate. El proyecto fue presentado el pasado 22 de septiembre en la sede institucional por enviados del Ministerio de Desregulación, junto con integrantes del Senasa y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Una semana más tarde, la mayoría de los directores presentes en la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control había decidido postergar su tratamiento debido a la magnitud de la medida y su impacto directo sobre tareferos, productores, secaderos y pequeñas industrias. Sin embargo, el martes pasado obtuvo luz verde en el Directorio para ser evaluado en comisión. Esto fue posible gracias a los votos de Carmelo Rojas (Tareferos); Luis Konopaki (Secaderos); y Marisol Fracalosi junto a Ramón Rodríguez (Productores), quienes acumulan duras críticas de las asociaciones por acompañar las medidas libertarias. Con su respaldo, completaron la mayoría necesaria junto a Gustavo Barreiro y Gerardo López (Industria); María Herminda Gabur (Gobierno de Corrientes) y el presidente del organismo, Rodrigo Corres, todos afines a las políticas de Javier Milei.
Cabe recordar que tanto este proyecto de reordenamiento normativo como cualquier otra iniciativa solo puede prosperar mediante el voto de la mayoría de los 12 directores del Inym.
“Tenemos dirigentes que son más liberales que los propios funcionarios del gobierno de Javier Milei”, enfatizó Ferreyra en declaraciones a la FM 89.3 Santa María de las Misiones. “Quienes representan a los tareferos deberían velar para que su gente no tenga que cruzar la frontera para poder trabajar, y los de la producción, para evitar el saqueo que está habiendo: con la desregulación, se paga un precio muy bajo por la hoja verde y eso implica una transferencia mínima de 300 millones de pesos a otro lugar, dinero que no está quedando en las familias de los trabajadores rurales y los productores”, agregó.
Ferreyra, quien integra la Asociación de los Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay, planteó que las políticas económicas nacionales -a partir del DNU 70/23- generan una nueva forma de esclavitud: “Si miramos la historia de los mensú, había un juez de paz que homologaba los contratos a través de los cuales se cometían las aberraciones que conocemos. Ahora pasa nuevamente: hay abogados y dirigentes del sector que están apoyando este tipo de situaciones”. Enfático, consideró que “hay que ser jodido para permitir que exploten al productor misionero”, y señaló que “quizás el consumidor de yerba mate argentina no sepa que ese mate que está tomando es fruto de la explotación. Tenemos que trabajar todos para cambiar eso”.
En esa línea, ratificó que “se respeta a un funcionario directo de Javier Milei que defiende su modelo, pero da tristeza y preocupa que un dirigente del sector defienda políticas de explotación cuando debería estar cuidando a los tareferos, productores y cooperativistas”.
Con la venia de Rojas, Fracalossi y Ramón Rodríguez en el Directorio, la propuesta de reordenamiento normativo comenzará a analizarse en comisión el próximo martes 3 de noviembre. Ese día estarán en Posadas los enviados del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Senasa y Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tras cuatro reuniones, se prevé fijar una postura definitiva el 25 de noviembre, fecha en la que el expediente volverá al plenario para su votación definitiva.
