La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en delitos de funcionarios públicos, se presentó formalmente ayer en la causa $LIBRA: asumió el ejercicio de la acción que había declinado impulsar el fiscal Eduardo Taiano y apeló los sobreseimientos del presidente Javier Milei, su hermana Karina y los otros nueve acusados, dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el viernes pasado.
La PIA, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, contradijo así la posición del fiscal Taiano y sostuvo que el expediente debe continuar abierto para esclarecer aspectos centrales del lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda. “A criterio de este organismo”, indicó la Procuraduría en su presentación, “la investigación del caso no se encuentra agotada, restando profundizar y realizar medidas de prueba”.
En ese escrito, de 16 carillas, el fiscal Rodríguez le consideró que la resolución que dispuso el cierre de la causa resulta “prematura” y solicitó al juzgado que reabra la investigación. Y en caso de que el pedido sea rechazado por el juez, planteó un recurso de apelación en subsidio para llegar a la Cámara Federal.
La intervención de la PIA respondió a una presentación que habían realizado el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), las dos organizaciones que participan en el expediente como “amicus curiae” (amigos del tribunal). Ambas habían reclamado que la PIA, como organismo especializado, asumiera directamente la persecución penal para evitar el cierre definitivo de una investigación que consideraban prematuro.
La presentación tiene un antecedente relevante: en los días posteriores al lanzamiento y colapso de $LIBRA, la propia PIA ya había abierto una investigación propia, antes de que el episodio llegara a los tribunales. Sin embargo, tras la apertura de la causa penal, Taiano nunca le dio intervención durante el año y medio que tuvo a su cargo la pesquisa, pese a que el organismo suele participar en causas que involucran a funcionarios públicos.
Ahora, la PIA fijó su parecer, que difiere de la visión de Taiano. “En consideración de esta Procuraduría”, indicó el fiscal Rodríguez, “de las propias constancias analizadas por el magistrado interviniente […] surge que la evidencia recolectada en el expediente requiere la profundización de la investigación de la prueba obtenida”.
En ese sentido, Rodríguez estimó que “no existió un agotamiento de la investigación, sino todo lo contrario”, dada la falta de colaboración de otras jurisdicciones, como Estados Unidos, por ejemplo, o el peritaje forense de algunos teléfonos celulares. Más aún, indicó, dadas las “maniobras de entorpecimiento y ocultamiento desplegadas por algunos de los imputados”, como Mauricio Novelli y Sergio Morales, que borraron contenidos.
La difusión de Libra
La Procuraduría también ahondó en las dudas alrededor del proceder del jefe de Estado, al haber posteado sobre $LIBRA, la noche del 14 de febrero de 2025, en la red social X: “Resta dilucidar cómo hizo el Presidente para difundir un contrato que aparentemente no era de acceso público ni estaba en las redes”.
En otras palabras, abundó el fiscal Rodríguez, “el caso investiga si Libra se generó para inducir engañosamente a la gente a invertir, usando como señuelo la promoción, el aval, la difusión efectuada por el Presidente, para luego levantar el dinero recaudado y huir. Según se aprecia, el estado actual del caso, no se encuentra en el final de la investigación, sino en su etapa de recolección de pruebas, las cuales estarían mostrando señales de una concertación defraudatoria”. O configurar, el delito de manipulación de mercado -“agiotaje financiero”, previsto en el artículo 309 del Código Penal.
La PIA defendió, además, la “cadena de custodia” de los peritajes desarrollados, y rechazó el “manto de duda” tendido sobre el material, “en base a afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
El fiscal Rodríguez también consideró necesario ahondar en el peritaje sobre la nota “final agreement as discussed with H” [“acuerdo final según lo discutido con H”], en la que Novelli aludió a pagos por US$ 5 millones; en particular, dado el “acotado alcance” del análisis desarrollado hasta ahora sobre eventual acuerdo, lo que indicó que no permite descartar la hipótesis delictiva.
“Lo mismo puede decirse de los ingresos a la Casa Rosada autorizados por la Secretaría General de la Presidencia”, indicó la Procuraduría. “Si bien en esta primigenia instancia no corresponde discurrir sobre el contenido específico de las reuniones con las personas de interés, las fechas y los reiterados accesos —en particular los protagonizados por Novelli y Morales— constituyen indicios que, valorados de manera conglobada, robustecen la hipótesis delictiva del caso; todo lo contrario a lo sostenido por el fiscal y resuelto por el magistrado de grado”.
Los antecedentes
La Procuraduría tiene antecedentes de haber impulsado investigaciones que otros fiscales habían dejado de lado. Uno de los más relevantes es el caso Skanska, donde insistió durante años para que se incorporara una grabación interna de la empresa sobre el presunto pago de sobornos. La Corte Suprema terminó validando su planteo y la incorporación de ese material permitió reabrir el expediente, que derivó en condenas de exfuncionarios kirchneristas. Más recientemente, y también con Taiano como fiscal, la PIA reclamó la reapertura de la causa por el Vacunatorio VIP. La Cámara Federal hizo lugar a ese planteo y ordenó continuar la investigación.
La intervención en $LIBRA, sin embargo, no estaba exenta de obstáculos. Fuentes del Ministerio Público Fiscal habían advertido que, a diferencia de aquellos antecedentes, Taiano había solicitado los sobreseimientos y Martínez de Giorgi ya los había dictado, y que la Procuraduría no había sido notificada de esa decisión. Pese a ese escenario, Rodríguez comunicó ayer al juzgado que asumía el ejercicio de la acción penal y cuestionó formalmente el cierre del expediente.
Ahora, el Juzgado Federal 8, interinamente a cargo de Daniel Rafecas tras un pedido de licencia del juez Martínez de Giorgi, que está de viaje por dos semanas, correría vista al fiscal Taiano para que fije su parecer sobre la presentación de la PIA, y dejaría el expediente listo para que Martínez de Giorgi lo resuelva al retornar a su Juzgado, la semana del lunes 9 de noviembre, en plena gira del papa León XIV por la Argentina.
Así las cosas, quedará en manos de Martínez de Giorgi resolver el pedido de la PIA. Si lo rechaza, la apelación subsidiaria permitirá que la cuestión sea examinada por la Cámara Federal. El planteo abre así una nueva instancia judicial en una causa que involucra al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios y particulares vinculados con el lanzamiento del token.
Inecip y Cipce, cabe remarcar, habían formulado duros cuestionamientos a la actuación de Taiano. Señalaron los reiterados pedidos de recusación contra el fiscal, las filtraciones de información sensible a la prensa y lo que consideraron un manejo direccionado de los tiempos de análisis de pruebas clave. También denunciaron que algunos dictámenes y elementos probatorios fueron incorporados al sistema de gestión judicial recién después de que trascendieran a través de investigaciones periodísticas.
También cuestionaron la negativa reiterada del fiscal a los pedidos de las querellas y de las propias ONG para que Milei fuera citado a prestar declaración indagatoria, y advirtieron que el dictamen fiscal que sustentó los sobreseimientos ni siquiera estaba incorporado al sistema de gestión judicial, lo que impedía a las partes conocer y analizar sus fundamentos.
En su presentación, la Procuraduría que lidera el fiscal Rodríguez recogió los cuestionamientos sobre las líneas de investigación que quedaron sin agotar. Entre ellas, mencionó la necesidad de reconstruir la trazabilidad de los fondos, recuperar y analizar comunicaciones, investigar posibles acuerdos comerciales y examinar los movimientos de dinero relacionados con los hechos.
En su presentación, la PIA también objetó que se hayan valorado indicios de manera aislada, en lugar de analizarlos en conjunto para determinar si permiten reconstruir una eventual trama de corrupción. Desde esa perspectiva, las limitaciones técnicas o las respuestas incompletas a los requerimientos de información no deberían funcionar como motivos para clausurar el expediente, sino como razones para profundizar las medidas necesarias.
Cipce e Inecip habían señalado, además, que la investigación debía avanzar para determinar si la conducta del Presidente pudo encuadrar en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El objetivo, sostuvieron, debía ser producir la prueba necesaria para formular, eventualmente, una acusación precisa que pudiera debatirse en un juicio oral y público.
La presentación de la PIA representa, por lo tanto, un intento desde el Ministerio Público Fiscal que lidera Eduardo Casal de impedir que los sobreseimientos se conviertan en el punto final del expediente. El organismo especializado asumió la acción penal que Taiano decidió no impulsar y reclamó que la Justicia habilite una investigación exhaustiva, proactiva y especializada.
