Una pericia del INTA Balcarce, incorporada recientemente a una causa penal que tramita ante el Juzgado Federal de Pehuajó, encendió las alarmas al revelar la presencia de trece compuestos agrotóxicos en los suelos de viviendas habitadas por niñas y niños. Estas casas se encuentran ubicadas a una distancia de apenas diez metros de un lote que fue objeto de fumigación.
El informe técnico, elaborado por la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, se erige como una de las pruebas más contundentes presentadas hasta el momento, en referencia a la contaminación generada por la fumigación con agrotóxicos en áreas residenciales. La investigación judicial apunta a los productores Ángela Cangele y Carlos Quiles.
Ambos están acusados de realizar fumigaciones terrestres sin la receta agronómica obligatoria y en condiciones de vientos fuertes, un evento que tuvo lugar la noche del 17 de septiembre de 2023 en Francisco Madero, partido de Pehuajó. Tras aquel episodio, una niña de tres años y un bebé debieron recibir asistencia médica debido a síntomas compatibles con intoxicación aguda.
El recorrido de la investigación judicial
El avance en la causa se produjo luego de la insistencia de la querellante Cintia Bongianino, representada por el abogado ambientalista Fernando Cabaleiro, de la organización Naturaleza de Derechos. En febrero de 2024, Bongianino presentó una hoja de ruta probatoria clave, donde solicitó la realización de peritajes para determinar los efectos de la fumigación denunciada.
Tras varios meses de tramitación, la Fiscalía ordenó en julio de 2024 la realización de los estudios, aunque inicialmente limitó las muestras a solo análisis de suelo. La Policía Federal Argentina (PFA) tomó las muestras requeridas en agosto de 2024 y se enviaron para su análisis al laboratorio del INTA Balcarce, que emitió su informe final y concluyente el 1° de octubre de 2025.
Agrotóxicos en Pehuajó: 13 Compuestos y valores altamente preocupantes
El análisis de laboratorio confirmó la identificación de trece compuestos, entre los que se destacan glifosato y su metabolito AMPA, atrazina e hidroxiatrazina, ametrina, metolaclor, metalaxil, tebuconazol, epoxiconazol, metconazol, diazinon, carbaril y butóxido de piperonilo.
Los valores detectados en los jardines de las viviendas resultan ser altamente preocupantes. En el jardín de Bongianino, se encontraron 111,9 µg/kg de glifosato, 25,1 de tebuconazol y 10,9 de butóxido de piperonilo, entre otros.
Aún más alarmantes fueron los resultados en el jardín del bebé asistido, donde el producto de degradación del glifosato, el AMPA, alcanzó la cifra de 3.423,8 µg/kg, junto a 106,3 de glifosato y 87,3 de hidroxiatrazina. En una vivienda intermedia se registraron 115,2 de hidroxiatrazina y 28,5 de tebuconazol.
Contaminación comprobada y precedente ambiental
El informe técnico es categórico: el patrón de residuos que se halló a tan solo diez metros del campo fumigado, demuestra de forma irrefutable la deriva de los plaguicidas y su notable persistencia ambiental. Este hallazgo desmiente la noción de “inactivación inmediata” frecuentemente sostenida por los sectores agroindustriales.
Los especialistas advierten sobre el riesgo sanitario que implica la exposición crónica a bajas dosis de estos múltiples agrotóxicos. Esto marca un riesgo acumulativo sobre la salud, con especial vulnerabilidad en la población infantil y los embarazos.
A pesar de que los estudios se limitaron a muestras de suelo —la Fiscalía todavía no ordenó realizar análisis de agua ni aire—, la pericia fortalece el pedido de indagatoria inmediata para los imputados Cangele y Quiles. Las concentraciones de glifosato y, en particular, el AMPA, son incompatibles con el concepto de “uso seguro” y constituyen, según el informe, una clara evidencia de contaminación ambiental tipificada por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
De confirmarse esta evidencia en sede judicial, la causa podría sentar un precedente histórico en materia penal ambiental en Argentina, ya que marcará un punto de inflexión significativo en la futura regulación de las fumigaciones cercanas a viviendas rurales en la provincia de Buenos Aires.
Fuente: La Política Ambiental
