El Presupuesto nacional 2026, presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, contempla la reducción de 155.000 pensiones por invalidez, una medida que busca focalizar los recursos hacia quienes realmente cumplen los requisitos. Sin embargo, la concreción de estos recortes queda supeditada a decisiones judiciales, luego de que un fallo obligara a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restituir 119.033 pensiones suspendidas este año.
De aprobarse, el gasto en pensiones por invalidez pasaría a $4 billones, lo que representaría una reducción real del 10,6% y una caída del 0,5% al 0,4% del PBI. La cantidad de beneficiarios disminuiría de 9,15 millones en 2025 a 9,01 millones en 2026, principalmente por el ajuste en pensiones por discapacidad.
El Gobierno nacional argumenta que estas pensiones han sido históricamente “una caja de la política” y que las auditorías y revalidaciones buscan asegurar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En este contexto, la Casa Rosada y el Ministerio de Salud destacan la necesidad de orden y transparencia en la gestión de Andis.
Analistas del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) señalan que, si bien la disminución de beneficiarios es viable, “los recortes deben hacerse con fundamentos sólidos para evitar suspensiones injustificadas”. La medida judicial vigente suspendió la auditoría hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, garantizando la continuidad de los pagos de las pensiones previamente suspendidas.
Paralelamente, el Presupuesto nacional prevé un gasto de $10,1 billones en asignaciones familiares, con un incremento real del 3,7%, aunque el número de beneficiarios mensuales descendería ligeramente de 4,5 millones a 4,4 millones. La recaudación proyectada crecerá 0,47% del PBI, impulsada por impuestos sobre combustibles y Ganancias, mientras que las transferencias a provincias y universidades también mostrarán incrementos significativos.
La discusión legislativa sobre el proyecto continúa en comisiones del Congreso, con la expectativa de que las decisiones judiciales influyan en la implementación final de los recortes. Hasta tanto se resuelva la situación, los beneficiarios mantendrán sus pensiones vigentes y la Andis deberá abstenerse de nuevas suspensiones.
