Un tribunal de Bolivia emitió este viernes una orden de liberación a favor de la expresidenta interina Jeanine Áñez en el caso por la muerte de una decena de civiles en Sacaba durante la crisis política de 2019. Sin embargo, la medida no tendrá aplicación inmediata, ya que la exmandataria cumple una condena de 10 años de prisión por otra causa. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Sacaba dictó la resolución y la remitió al director del penal de Miraflores, en La Paz, donde Áñez permanece detenida desde 2021.
El documento judicial señaló que los cargos en su contra eran por supuesto “genocidio y genocidio en grado de tentativa”, aunque aclaró que las autoridades solo debían ejecutar la liberación “siempre que ninguna otra causa mantuviera detenida a Áñez”. Un tribunal condenó a la exmandataria en 2022 a 10 años de cárcel por el caso denominado “golpe de Estado II”, y la Justicia ratificó este fallo a fines de 2023. En ese proceso se la acusó de asumir de forma irregular la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado, tras la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019.
Procesos vinculados a Sacaba y Senkata
El sábado anterior, el mismo tribunal que ordenó su libertad anuló el proceso penal ordinario por el caso Sacaba y dispuso que el expediente pase a un juicio de responsabilidades, enviando los antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Días antes, otra sala judicial había anulado también el proceso ordinario por el caso Senkata, que investiga la muerte de otra decena de civiles en El Alto, y ordenó iniciar un juicio de responsabilidades en ese expediente.
La Asamblea Legislativa de Bolivia debe autorizar el juicio de responsabilidades antes de que pase al TSJ, que llevaría adelante el proceso y dictaría la sentencia. En ese marco, la corte emitió también un “mandamiento de libertad” para Áñez, e indicó que el juicio debería desarrollarse con la exmandataria fuera de prisión.
Reclamos de Áñez y revisión de causas
Los procesos judiciales por los hechos de 2019 se promovieron desde el Gobierno de Luis Arce y el oficialismo Movimiento al Socialismo (MAS), que sostienen que hubo un “golpe de Estado” contra Morales. En el caso de Áñez, las causas avanzaron por la vía ordinaria bajo el argumento de que su gestión no se originó en las urnas. La exmandataria, por su parte, ha reclamado en reiteradas ocasiones un proceso especial por su condición de expresidenta. En 2023, denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la negativa de un juicio de responsabilidades.
A finales de agosto, el TSJ ordenó revisar los plazos de detenciones preventivas en las causas abiertas contra Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. La semana pasada, ambos dirigentes resultaron excarcelados tras el levantamiento de medidas preventivas: en cuatro procesos para Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, y en dos para Pumari, incluido el denominado “golpe de Estado I”.
