El Gobierno nacional anunció una reforma migratoria que modifica las condiciones de acceso a la ciudadanía argentina, la residencia permanente y temporaria, y endurece los controles de ingreso y permanencia de personas extranjeras. La presentación estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, responsable de la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que aplicará las nuevas disposiciones.
El paquete normativo será implementado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) cuya firma está prevista para este miércoles. Una fuente de la Casa Rosada señaló que “es un DNU porque hay un contexto que lo amerita”, y sostuvo que la Ley de Ciudadanía N.º 346 “perdió sentido y precisa un readecuamiento para evitar abusos”. En 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, ya se había intentado una modificación similar mediante DNU, impulsada también por Bullrich, pero la Justicia lo declaró inconstitucional.
Los puntos centrales de la reforma migratoria
Entre los puntos centrales de la reforma, se establece que la ciudadanía solo podrá obtenerse tras dos años de residencia continua y efectiva en el país, sin salidas. Si una persona abandona el territorio durante ese tiempo, el plazo se reinicia. Además, quien no tenga residencia legal deberá regularizar su situación para iniciar ese período. Se incorpora, además, una figura nueva: la “ciudadanía por grandes inversiones”, cuyo mecanismo será definido en la reglamentación posterior.
Los requisitos para acceder a la residencia permanente se reforzarán aún más. Esta se dará automáticamente solo hijos de argentinos. Los padres ingresarán bajo el régimen temporario y deberán demostrar arraigo, solvencia económica y antecedentes penales limpios para acceder a la permanencia. Se reducen los plazos de ausencia admitida: los residentes permanentes no podrán ausentarse por más de un año; los temporarios, por más de seis meses. El ingreso al país exigirá una declaración jurada y un seguro médico. Se impedirá la entrada a quienes tengan condenas, incluso no firmes o excarcelables, o estén procesados por delitos con penas mayores a tres años.
El Estado cobrará servicios médicos a los extranjeros
Las modificaciones también afectan la permanencia. El Estado podrá ordenar la expulsión de personas extranjeras con condena firme. No se podrá proceder si el proceso judicial sigue en curso. El nuevo DNU incluye medidas para acortar los plazos de apelación administrativa y judicial, aunque sin recurrir a la “notificación de pleno derecho” cuestionada en la reforma de 2017. Se habilitará además la expulsión inmediata en casos de ingreso por pasos no habilitados, mediante flagrancia. Migraciones contará con nuevas herramientas para verificar la situación migratoria dentro del país.
De acuerdo a Infobae, la reforma contempla la figura de “dispensa” ante supuestos de expulsión. “Si una persona no cometió delitos que atentaran contra la vida, la integridad sexual o el orden democrático, podrá existir esta válvula de escape”, explicaron fuentes judiciales del Gobierno. Se mantendrán los acuerdos de residencia del Mercosur, pero se evaluará el cobro de servicios públicos a residentes temporarios si no existen cláusulas de reciprocidad.
El acceso a la salud y a la educación también tendrá cambios. El Estado cobrará los servicios médicos a residentes transitorios, temporarios e irregulares, salvo emergencias. Las universidades nacionales podrán aplicar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes.
El 6% de las personas privadas de la libertad son extranjeras
Según el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), a diciembre de 2023 había 111.967 personas privadas de libertad en el país, de las cuales el 6% eran extranjeras. El 39,2% de la población carcelaria total no tenía condena judicial. En el Servicio Penitenciario Federal, el 16,1% eran extranjeros, mayoritariamente de Paraguay, Bolivia y Perú. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia contabilizó 3050 personas extranjeras detenidas, el 45% del total local.
Principales reformas previstas en el DNU:
-Aplicación de dispensas ante ciertos delitos menores para evitar expulsión.
-Ciudadanía solo tras dos años de residencia continua, sin salidas del país.
-“Ciudadanía por grandes inversiones”, a reglamentar.
-Residencia permanente automática solo para hijos de argentinos; los padres deberán cumplir requisitos.
-Nuevos límites de ausencia para conservar residencia: un año para permanentes, seis meses para temporarios.
-Declaración jurada y seguro médico obligatorios para ingresar.
-Prohibido el ingreso a personas con condenas (firmes o no) o procesadas por delitos graves.
-Expulsión solo con condena firme; se agilizan plazos de apelación.
-Posibilidad de expulsión inmediata en casos de ingreso irregular en flagrancia.
-Cobro por servicios de salud y educación a residentes temporarios o irregulares.
