Los productores yerbateros de Misiones solicitarán formalmente este viernes 13 de noviembre al Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) la suspensión del tratamiento del proyecto de Reordenamiento Normativo. La iniciativa oficial prevé dejar sin efecto 21 resoluciones que regularon la actividad durante años y transferir funciones del organismo a dependencias del Gobierno nacional, como el Senasa.
En la práctica, la medida exige la abrogación de 21 normas sancionadas entre 2002 y 2023, profundizando la desregulación iniciada con el DNU 70/23 -que quitó al Inym la potestad de fijar precios para la materia prima-. El proyecto fue presentado a los directores a mediados de septiembre por enviados del Ministerio de Desregulación (conducido por Federico Sturzenegger), del Senasa y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía (a cargo de Luis Caputo). Actualmente se encuentra en etapa de revisión y se espera una definición antes de finalizar noviembre.
Para frenar esta iniciativa, los productores elaboraron -a través del letrado Federico Padolsky- un exhaustivo informe técnico de 110 páginas que será entregado al Directorio junto al pedido de suspensión. El documento incluye un análisis comparativo de la normativa vigente frente a la proyectada, preguntas dirigidas a los directores y un requerimiento de documentación para aclarar los aspectos aún indefinidos.
El informe fue solicitado por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la Asociación Civil Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, la Asociación Civil Productores Yerbateros del Norte y el Movimiento Agrario de Misiones.
Las claves del informe de los productores
“Las normas que se prevé abrogar contienen registros, procedimientos de fiscalización, mecanismos de control de calidad, instrumentos de trazabilidad y disposiciones vinculadas con la producción, la cosecha y la comercialización de la materia prima”, señala el documento en su inicio. Y advierte: “Su modificación tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de la actividad y, particularmente, sobre las condiciones en que los productores primarios entregan y comercializan su producción”.
Registros, información y trazabilidad
El Capítulo I aborda el impacto sobre el sistema de información y registración que construyó el Inym para identificar a los actores de la cadena, catastrar las unidades productivas y documentar los movimientos de hoja verde. Se trata de “la infraestructura informativa sobre la cual se apoyan la fiscalización, las estadísticas, la percepción de recursos y el control legal”.
El plan del Gobierno nacional busca sustituir este entramado por un sistema de inscripción declarativa vinculado a registros externos, apoyado principalmente en el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) del Senasa.
Al respecto, el informe aclara una diferencia sustancial: “El Inym no necesita registros únicamente para cumplir una formalidad administrativa, sino para conocer la estructura productiva, identificar operadores, dimensionar la superficie implantada, estimar la capacidad industrial, reconstruir los movimientos de materia prima y detectar inconsistencias”. En contraposición, el proyecto oficial “propone que esa información provenga de otros organismos, destruyendo las capacidades que el Instituto había desarrollado”.
Fiscalización, inspección y control normativo
El Capítulo II analiza las inspecciones presenciales, la tramitación de denuncias, el control de declaraciones juradas y la verificación del pago de la Tasa de Inspección y Fiscalización.
Los productores señalan que la propuesta gubernamental no reproduce los procedimientos específicos vigentes (como toma de muestras, contraverificación y reserva de identidad). En otros aspectos —como el control de inconsistencias y las medidas preventivas—, reemplaza reglas específicas por disposiciones generales vagas.
Régimen sancionatorio y recuperación de multas
El Capítulo III examina la aplicación de sanciones por infracciones y el cobro de multas. Se observa una modificación profunda: se mantiene la clasificación de infracciones (leves, moderadas y graves), pero se reemplaza el esquema de conductas individualizadas y multas calculadas en kilogramos de yerba canchada por un régimen de categorías generales y sanciones fijadas en pesos.
Calidad, inocuidad y control de la materia prima
El Capítulo IV evalúa las normas destinadas a garantizar la calidad de la materia prima y prevenir la circulación de productos que no cumplan con los estándares.
Mientras que las resoluciones vigentes permiten al Inym establecer condiciones concretas, extraer muestras, realizar análisis en laboratorios habilitados, intervenir mercadería preventivamente y definir su destino, el proyecto oficial solo mantiene referencias generales sin incorporar parámetros técnicos ni protocolos específicos de muestreo.
Cosecha mecanizada y Corresponsabilidad Gremial
El Capítulo V aborda tres normas clave para la producción primaria: el Reglamento de Cosecha (Resolución 10/2017), el Registro de operadores de cosecha mecanizada (Resolución 79/2023) y el Convenio de Corresponsabilidad Gremial (Resolución 44/2015).
Los productores advierten desprotección operativa porque se eliminan sin reemplazo específico las pautas del Reglamento de Cosecha -lo que preocupa especialmente por la desaparición del límite de peso de los raídos- y el Registro de Cosecha Mecanizada (instrumento clave para medir la incorporación de tecnología frente al empleo rural). También, advierten condicionamiento gremial: Si bien se conserva un capítulo para la Corresponsabilidad Gremial, su funcionamiento dependerá enteramente de que el sistema de intercambio de datos con el Senasa sea eficaz para controlar operaciones, retenciones y pagos.
