Este lunes, la investigación por los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumó nuevas medidas judiciales. El juez federal Sebastián Casanello ordenó bloquear el acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados en la causa, entre ellos exfuncionarios, empresarios y familiares ligados a la droguería Suizo Argentina.
El magistrado envió un oficio al Banco Central (BCRA) para que las entidades financieras impidan el movimiento sobre esos cofres. Según la resolución, la medida no solo apunta a evitar el retiro de dinero, sino también de documentos que podrían constituir pruebas relevantes en la investigación. “En las cajas no solo se guarda plata, también documentos de interés para la causa”, señalaron fuentes judiciales.
La decisión alcanza al propio Spagnuolo y al exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini. También a integrantes de la familia Kovalivker, señalada como parte del entramado de coimas vinculadas a la provisión de medicamentos e insumos al Estado.
Indagatoria por la causa Spagnuolo
En paralelo, Casanello indaga en Comodoro Py a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad del complejo Nordelta. Los investigadores sospechan que el funcionario del barrio privado colaboró para que Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, pudiera escapar de los operativos. Como parte de esa línea de pesquisa, la Policía de la Ciudad montó un operativo en la entrada principal del country para solicitar los registros de ingresos y egresos.
La semana pasada también se concretó un allanamiento en la sede de la ANDIS, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí funciona el programa Incluir Salud, que maneja contrataciones y provisiones a pacientes con cobertura estatal. Los agentes secuestraron cinco computadoras: la personal de Garbellini, dos de sus secretarias y una más utilizada en la gestión de contratos.
El caso de los audios salió a la luz cuando se difundieron conversaciones en las que Spagnuolo relataba supuestos pagos de coimas por parte de droguerías proveedoras del Estado. Desde entonces, la Justicia avanza en una investigación que combina testimonios, pericias informáticas y medidas de urgencia para preservar pruebas.
Con el bloqueo de las cajas de seguridad y las nuevas indagatorias, la causa se encamina hacia una etapa clave. El expediente no solo pone bajo la lupa a exfuncionarios nacionales, sino también a empresarios que habrían intervenido en un circuito de pagos ilegales con fondos públicos.
Fuente: TN
